Algunos priístas han encontrado la trampa oculta en la propuesta de reforma energética del PAN: la competencia por licitaciones estatales con empresas privadas extranjeras colocaría a Pemex en desventaja por su alto costo de producción.

El tema delicado se localiza en si habrá reforma constitucional en materia de propiedad de los recursos energéticos. Por lo pronto, la evaluación que se ha hecho de las privatizaciones salinistas ha aconsejado que no existen garantías de que la privatización en sí misma tenga efectos positivos.

El gobierno de Salinas reprivatizó los bancos en 1990 con el argumento de que México tendría los mejores servicios financieros y en 1995 el gobierno de Zedillo los tuvo que rescatar de la crisis con partidas presupuestales que aún pesan en el erario. Luego el gobierno de Zedillo autorizó mayoría de capital extranjero, la mayoría de los bancos pasaron a manos extranjeras sin potenciar la inversión para el desarrollo, aunque, eso sí, dos bancos españoles han contribuido a paliar la crisis de España con utilidades de sus filiales mexicanas.

El dilema en la reforma energética radica en decidir si se podría ampliar la participación extranjera en el sector petrolero sin modificar la Constitución. En un texto reciente, el constitucionalista Diego Valadés mostró que se logra potenciar la participación extranjera en petróleo sin modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Para ello bastaría con cambiar la fracción I del artículo 10 de la Ley de Asociaciones Público Privadas que incluye la restricción petrolera para la inversión privada y aflojar los artículos 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero.

El problema, sin embargo, radica en el hecho de que el debate sobre la reforma energética se dejó conducir hasta el tema de la reforma constitucional sobre propiedad del petróleo. Pero el verdadero punto de fricción radicará en saber si la iniciativa gubernamental llevará al callejón sin salida de reforma constitucional o reforma a leyes secundarias, entre regresar al régimen de concesiones que reanimarían el espíritu --aunque sea como superstición-- de 1938 o potenciar el modelo de la asociación público-privada.

Lo que ha quedado claro hasta ahora es que la correlación de fuerzas sociales y políticas del 2013 es diferente a la que existió en el sexenio de Salinas de Gortari: hace cuatro sexenios el PRI era mayoría, controlaba el congreso, tenía el manejo de todas las gubernaturas y el PRD apenas estaba naciendo; hoy existe una composición tripartita con la existencia de una cuarta posición --la de López Obrador-- que sólo se expresa en las calles y no en las urnas y que se mueve en el espacio del oportunismo de los vacíos de información política del gobierno, su partido y la oposición.

La Ley de Asociaciones Público Privadas de enero de 2012 se creó justamente para darle la vuelta al tema espinoso de las concesiones y abrir la puerta a la asociación y en su momento se tuvo en el debate el tema de la inversión privada en materia energética. En todo caso, el punto más conflictivo radicara en la decisión de apostarle a una figura nueva sin modificar la Constitución en el tema de la propiedad y exclusividad del petróleo y de Pemex o jugar el resto a la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la carta magna.

El punto de referencia para la decisión estará en decidir privatización o asociación y en debatir la reforma energética en el Congreso o en las calles.